Al amparo de las operaciones para perseguir a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, el ejército mexicano recurrió en los setenta a todo tipo de atropellos a los derechos humanos.

La versión no censurada del informe oficial elaborado por la fiscalía para investigar crímenes del pasado de la PGR, que aún no ha sido entregado al presidente Vicente Fox, lo dice sin medias tintas: en Guerrero, el ejército torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estranguló” a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. Y de todo ello, el ex presidente Luis Echeverría estuvo al tanto.

Esta es parte de una historia del país que hasta hoy no había sido reconocida oficialmente.

Como no había ocurrido nunca antes, la versión no censurada del informe del gobierno federal sobre lo que pasó durante los años de la Guerra Sucia en Guerrero detalla las “armas” del ejército mexicano en su lucha contra la guerrilla: torturó en el Campo Militar Número 1, asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, arrojó al mar cuerpos de hombres y mujeres aún con vida y “estranguló” a pueblos enteros para doblarlos y conseguir su colaboración. En síntesis, hubo un “plan de genocidio de Estado”.

Producto del trabajo de más de 20 investigadores adscritos a la fiscalía para investigar los crímenes del pasado de la PGR, el reporte consigna con toda claridad: los hechos descritos en el mismo no fueron casuales ni producto de iniciativas individuales. La estrategia fue conocida y autorizada por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y el secretario de Defensa de esa época, Hermenegildo Cuenca Díaz.

Las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la población descritos en el reporte son tan crudos que éste ha sido sometido a un proceso de “limpieza” por parte del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para hacerlo presentable ante el presidente Vicente Fox.

El informe, que en la versión aún no sometida a las “correcciones oficiales” consta de 840 páginas, divididas en 12 capítulos, da cuenta de cómo el general Cuenca Díaz armó desde los primeros días del gobierno de Echeverría todos los planes de contrainsurgencia, operativos, controles, cercos a la población —como el Plan de Operaciones de Contrainsurgencia o las operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga—, con el propósito final de lograr el exterminio de lo que siempre llamaron “subversivos”.

Los miles de radiogramas militares, cartas y memorandos a los que tuvieron acceso los investigadores de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp) muestran las rutas que siguieron los detenidos en ese estado de la República: Base Militar Pie de la Cuesta, Campo Militar Número 1, cárceles clandestinas, desaparición o el mar como destino último.

El informe presentado al fiscal Carrillo Prieto, y del cual emeequis tiene una copia, coloca a la cúpula del ejército y a Echeverría Álvarez en la primera línea de responsabilidad de los crímenes de Estado:

“Con esta operación se instauró una política de Estado en que todas las autoridades conexas con el ejército –presidente de la república, secretarios de Estado, Estado Mayor de la Defensa, comandantes de las dos regiones militares de Guerrero, oficiales a su mando y tropa– participan en las violaciones a los derechos humanos con la justificación de perseguir a un maleante prófugo. Una estrategia abiertamente contraguerrillera no podía generarse sin el consentimiento y aprobación explícita del presidente de la república, sobre todo porque aquélla aplicó un plan de genocidio que puntualmente se siguió durante todo su mandato”.

emeequis solicitó en varias ocasiones una entrevista con el fiscal Carrillo Prieto para conocer detalles sobre el informe. Al cierre de la edición, su vocero José Luis Contreras Flores dijo no tener ninguna respuesta a la petición.

Elaborado desde 2004 por especialistas hasta hace unas semanas adscritos a la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía, cuyo titular era el doctor José Sotelo Marbán, el informe revela que las fuerzas militares y policiacas se convirtieron en artesanos consumados de la tortura.

Lea usted el catálogo de prácticas de tormento recogido en esas páginas: “Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer grado, darles a tomar gasolina, romperles los huesos, cortarles o rebanarles la planta de los pies, toques eléctricos, amarrarlos por los testículos y colgarlos; introducir botellas de vidrio en la vagina de las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos”.

Son palabras oficiales. Y los siguientes son los hallazgos que documentan esta parte, en gran medida desconocida, de la historia reciente de México.

Eran los años setenta y la ofensiva militar contra la guerrilla no conocía límites. Las detenciones fueron apenas la primera fase de un destino incierto para cientos de habitantes de la montaña guerrerense. Vendrían entonces los días de torturas y tormentos, las últimas huellas de los desaparecidos.

Dice el informe:

“El ejército mexicano siguió ciertos patrones de detención que nos permiten explorar lo que sucedió con los detenidos desaparecidos:

“1. La gente era concentrada en un lugar público del poblado. La cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar.

“2. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no había gente que no estuviera en el lugar de concentración.

“3. Algún oficial del ejército pasaba lista. Muchas veces traían a ese lugar a algún ‘soplón’ o ‘madrina’ que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones, el oficial traía una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada.

“4. La gente detenida podía tener tres destinos inmediatos: (a) ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar, (b) ser utilizada como guía para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar, (c) ser transportada al cuartel militar por vehículo terrestre o por helicóptero”.

En cierto momento cambió el modus operandi de las detenciones en Guerrero: “Tras la detención ilegal de cientos de personas, la policía y el ejército ya no entregarían los detenidos a la autoridad, sino que los enviarían a cárceles militares o, provisionalmente, cárceles clandestinas para después ser enviados a las cárceles militares”.

Las cárceles militares de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y la del Campo Militar Número 1, en la ciudad de México, serían una de las rutas de cientos de detenidos, torturados y, para muchos otros, la última estación previa a convertirse sólo en una palabra: desaparecido.