Conversaba hace unos días con un viejo personaje de los sesenta, de ésos que formaron parte de lo que los académicos llaman “la burocracia de la represión”. Mientras hablaba, su mirada se perdía en un espacio ajeno, siempre hurgando de reojo tras su espalda.

Un hombre huyendo de su pasado.

De pronto interrumpió su relato y me indicó con la mirada que me acercara. Algo me tenía que decir pero sin que escuchara eso invisible que le acosa.

—Él es muy peligroso… más de lo que usted cree —me dijo casi en silencio, con la amabilidad de quien trata de salvarte de algo, de alguien.

—Él, a quien usted se refiere, está grande, viejo, su memoria es un laberinto que fue construyendo para perderse ahí con todo y sus secretos. Ya no creo que…

No me dejó terminar mi interlocutor. Pasó de la generosa advertencia al regaño:

—¿Y tú crees que no hay nadie más de ésos que se formaron en esa época, que les llevaban los portafolios, las agendas, que compartieron información y secretos? Es el sistema. Eso de lo que quieres que hablemos es el sistema. Eso que está en esos archivos, son los secretos del sistema.

En estos días la tentación por restringir (nuevamente) el acceso a los documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el Archivo General de la Nación (AGN) vuelve a cosquillear en la sensible piel del poder. Algunos buenos amigos y colegas han planteado una pregunta básica para tratar de entender las intenciones que hay de fondo:

—¿Qué hay ahí?

—El miedo… Las pruebas de lo que hace el poder cuando tiene miedo.

El acervo histórico que se guarda en la Galería 1 es el registro del terror y el miedo que cuando menos durante 35 años fue sembrando y cosechando uno de los aparatos de espionaje policiacos del Estado mexicano. El tiempo de vida de la DFS (1947-1984).

—¿A qué le tienen miedo?

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Hasta antes de diciembre de 2014, el acceso para las víctimas y sus familiares era total. Ahora, la encargada de la Galería 1 se enreda en palabras que no llegan a explicación alguna. La más contundente y común: porque “son órdenes de Gobernación”.

Ese día, al salir del AGN me topé con Susana Zavala, una de las pocas investigadoras que ha seguido consultando los archivos reguardados en lo que era la cárcel de Lecumberri. Y volvimos a compartir algo: la molestia. A ella también le habían impedido acceder a los expedientes. Susana pasaría esa tarde más de una hora con uno de los abogados del AGN sin que éste llegara a entender, y menos explicar, por qué estaban negando el acceso a los documentos de la DFS: “Órdenes de Gobernación”.

No existen argumentos legales. No los tienen. Lo que hay son decisiones políticas.

Desde que se abrieron estos archivos se han publicado libros, investigaciones de expedientes extraídos ex profeso y por órdenes superiores para ciertos “investigadores” y periodistas.

Nada más como recordatorio. Entre las “bondades” de Gobernación y la “generosidad” de la Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado, se alimentó gran parte de la cobertura mediática sobre el 68 y la Guerra Sucia luego de la apertura de los archivos en 2002.

No es un dato al aire ni menor. Leído con cierta precaución, esto funcionó como una atinada estrategia para reducir la presencia de reporteros y medios en el AGN. ¿Para qué ir directo a los nervios del pasado si la información podía obtenerse por la vía tradicional de la amistad?

Así se desalentó la presencia de los medios y periodistas y, por tanto, una observación activa de lo que pasa en el Archivo General de la Nación. Uno de sus efectos, que siempre se hacen ajustes y modificaciones a las consultas de aquélla y otras galerías al modo y gusto de autoridades de Gobernación o del propio AGN.

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Tampoco es un asunto menor el contenido de los archivos de la DFS. Va más allá de fragmentos de historias para textos periodísticos o investigaciones académicas. En ellos están las huellas dactilares de cómo el PRI ejerció el poder en su faceta más violenta. Una de sus herramientas más efectivas para consolidarse y permanecer en el poder durante varias décadas.

La creación de un aparato tan represivo e ilegal como fue la DFS, y otros grupos especiales, para que por órdenes del presidente en turno y a nombre del Estado, espiara, detuviera, torturara y despareciera a cientos de mexicanos. La CNDH llegó a documentar 532 desapariciones.

En los archivos de la DFS están las pruebas históricas para evaluar al poder no sólo de esos años, sino al actual.

Por eso resultan tan incómodos esos papeles. No importa si acuden al AGN dos o mil investigadores. Para el poder, cada consulta representa un riesgo de que se “fuguen” piezas de su pasado. Las grietas de un rostro violento.

Ahí reposan historias de muchos personajes que no fueron ni guerrilleros ni “subversivos”, sino que estuvieron relacionados con el poder.

Ahí se esconden aún fragmentos de las zonas oscuras de grupos sociales: periodistas, Iglesia, empresarios, militares, actores y más.

Lo que no está, son los informes sobre muchos personajes de la política hoy activos. Los que llevaban las agendas, cargaban los portafolios y los secretos. Las fichas de lo que hicieron —algunos muy cercanos a la DFS— son historias blancas. Un  reporte escolar resulta más escandaloso.

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La justificación oficial que dieron para cerrar el acceso a los archivos de la DFS es confusa. La investigadora Susana Zavala explicó la fórmula que están usando: incluir esos expedientes en la etiqueta de “históricos confidenciales”, que es una modalidad de Ley Federal de Archivos (LFA), aprobada en el 2012, con énfasis en el resguardo de documentos que contienen datos personales.

Esto implica que debe pasar un lapso de 30 años, a partir de la fecha de la creación de un documento, para hacerlo público y, en caso de que contenga “datos personales sensibles”, el lapso se podría extender a 70 años.

Lo que hicieron las autoridades del AGN desde diciembre pasado fue aplicar esta “etiqueta” de la ley de archivos a los de la DFS y, sin previo aviso, ya solamente se puede acceder a ellos vía la solitud de versiones públicas. Ni siquiera se permite el acceso a las fichas de los expedientes. Nada. El control total de los contenidos.

Se puede apelar que en esos documentos hay datos personales. También hay argumentos legales para promover que sea anulada la medida, ya que todos los documentos de la DFS contienen datos sobre violaciones graves a los derechos humanos e incluso representan pruebas sobre delitos de lesa humanidad.

Según los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, cuando hay violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la información debe ser abierta y pública.

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Digamos que ocurre el mejor escenario y se elimina esa “etiqueta” y, además, se ordena que se vuelva a dar acceso directo a la consulta del acervo de la DFS. ¿Esto nos dejaría tranquilos?

No. Definitivamente no.

Quienes nos hemos dedicado por años a la investigación de esos y otros archivos, sabemos que la tentación política por cerrarlos ha sido y será permanente.

En todos estos años hemos visto y vivido una variedad de métodos que han ido afectando el acceso. Despido de trabajadores, maltrato por parte del personal de seguridad, negativa permanente de la información, cambio de clasificación o “etiqueta”.

Y, por supuesto, la injustificada presencia de personal del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) atendiendo en la Galería 1.

Cuando se abrieron al público estos archivos se argumentó que la presencia de personal del Cisen sería únicamente de transición, en tanto preparaban a trabajadores del AGN para su futura atención. Ni uno ni lo otro.

En febrero de 2003, a un año de la apertura de los archivos, denunciamos (Proceso 1370) cómo personal del Cisen había solicitado al centro de referencias del AGN datos personales de investigadores que habían consultado expedientes de la DFS. El encargado se habría negado a entregarlos. Fue despedido. La mayoría de los trabajadores de esa época fueron reemplazados, cesados.

Alguna vez el mítico Vicente Capello, organizador del acervo de la DFS desde sus orígenes, admitió (emeequis 1) estar consciente del malestar que provocaba en los investigadores su presencia y la de su equipo de trabajo, perteneciente al Cisen. Confió en esos días: “Yo qué culpa tengo que no haya quién se haga cargo de este archivo… ya les dije a mis jefes que me quiten de acá”.

Capello, quien trabajó para Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y otros directores de la DFS, nunca pudo sacudirse la sospecha de que estaba ahí para cuidar que no saliera información sensible sobre políticos en activo o “limpiar” tales expedientes. Nos consta el nivel de conocimiento que tenía de la información de esos archivos. Cierto o no, nunca lo relevaron. El debió dejar su puesto por razones de salud. Un infartó lo mató en 2011. Pero casi 13 años después, el Cisen sigue ahí.

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Si al final la Secretaría de Gobernación, de la que depende el Archivo General de la Nación, logra su objetivo incluso yendo contra la ley —como ya ocurre—, y sigue restringiendo el acceso a los expedientes de la DFS, se postergará otra vez el necesario proceso de revisión y enfrentamiento con nuestro pasado.

Otra vez, a guardar la basura de los actos del poder en los rincones. Otra vez, a esconder pruebas de violaciones a derechos humanos y  delitos de lesa humanidad, que son parte de nuestra conciencia como sociedad, nos guste o no.

—Y entonces ¿a qué le tiene miedo?

—El miedo es a ellos mismos.