Lo que se eliminó del informe oficial de la Guerra Sucia

Un comentario

Entre las sombras, con extrema discreción y por la puerta de atrás, el viernes 18 de noviembre la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y del Pasado (Femospp) presentó su versión histórica del pasado, muy distante a la que entregó el equipo de investigadores en diciembre de 2005.

Entre las conclusiones implícitas del informe oficial, destaca una: no hay responsables de los asesinatos, torturas, abusos y por lo menos 500 desaparecidos. Termina siendo lo que originalmente quería el fiscal Ignacio Carrillo Prieto: un libro blanco en muchos sentidos.

Dicen los autores del informe histórico: “Se pretende minimizar el tema de los desaparecidos, las cifras presentadas son cercanas a las aportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como si no se hubiera realizado ningún avance sobre este tema. Decir que sólo hay menos de quinientas desapariciones probadas y 1,650 casos documentados de tortura, es como volver a ultrajar y asesinar a las víctimas.

“En el informe que elaboramos se estableció una lista de 643 casos debidamente acreditados y 145 con presunción y una decena de casos más que no añadieron por necesitar mayores recursos y tiempo de investigación para acreditarlos”, refutan los autores del informe histórico Alberto Guillermo López Limón, Agustín Evangelista Muñoz, Carlos Augusto Rentería Martínez, Florencia Ruiz Mendoza y José Luis Moreno Borbolla.

Pero no es lo único que separa a uno y otro documento. Una comparación general entre el texto realizado por los investigadores y el que difundió la Femospp a través de internet, arroja de inmediato vacíos y diferencias fundamentales.

El título. El informe que el grupo de investigadores entregaron se llamaba Que no vuelva a suceder. El oficial y final: Informe histórico a la sociedad mexicana 2006.

La imagen original, la de una niña saliendo de una ventana (hija de un desaparecido) fue sustituida por un fondo blanco (la ideal que siempre tuvo el fiscal del libro blanco) y en el extremo izquierdo, una franja tricolor.

El informe entregado por los investigadores responsabilizaba con toda precisión histórica a los ex presidentes de la República, particularmente a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. A los ex secretarios de la Defensa Nacional: Marcelino García Barragán y Hermenegildo Cuenca, a ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad como Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios, de las masacres del 2 de octubre de 1968, el Halconazo y la Guerra Sucia aplicada contra la guerrilla rural y urbana.

El informe final y oficial evade la referencia directa a los ex funcionarios, los enuncia pero sin señalar el nivel de responsabilidad que tuvieron desde quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron.

Dicho de otro modo. El informe oficial reconoce las masacres, pero como si estas fueran resultados de la casualidad y no de hombres de carne y hueso.

El informe que entregaron los investigadores al fiscal contiene un apartado clave: Las conclusiones. Y no es menor, porque una de éstas sugería que, en nombre del Estado, el presidente Vicente Fox tendría que haber pedido perdón y comprometerse a redoblar esfuerzos para evitar la impunidad y establecer condiciones que permitan conocer el destino de los desaparecidos. Ésto, como una condición básica para dar paso a una corrección más amplia de los daños que legaron las masacres del 68, del 10 de junio del 1971 y la Guerra Sucia.

Pero ya en el informe oficial ni siquiera aparece el capítulo. Menos aún la responsabilidad del Estado mexicano, menos, mucho menos, la idea de que el presidente debía pedir perdón.

En las primeras páginas del informe no oficial se señala, con toda claridad, que el Estado mexicano, desde los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a sectores de la población que se organizaron para exigir participación democrática en las decisiones que le afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión.

“El combate que el Estado emprendió contra esos grupos nacionales –que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular– se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en matanzas, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio –al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo”.

En el oficial, esta tesis queda fuera. A lo más y de manera muy cuidadosa, se señala al Estado como responsable de haber desvirtuado el papel de instituciones como el ejército, como si éste fuera ajeno al concepto de Estado… “Finalmente, el modo de ejercer el poder determina la presunta responsabilidad del Estado, en hechos presuntamente delictivos, llegando a compararlos como clasificados de lesa humanidad, y que son el objeto central del trabajo…”

Dice en otra parte el informe oficial. “Se analizan los mecanismos que el régimen utilizó para corromper a las instituciones del Estado. El papel del Plan DN-II; la adopción de la doctrina de Seguridad Nacional y estrategia de atención al grupo trasgresor por parte del ejército; la utilización de la policía en las acciones de contrainsurgencia (página 18, capítulo 1)

En síntesis, el documento cuida en todo momento poner al régimen político como el responsable de haber “utilizado” y “pervertido” a las instituciones del Estado. Es decir, el régimen, ni siquiera funcionarios públicos (presidentes ni secretarios) tuvieron responsabilidad, sino un régimen en abstracto.

El informe oficial se presenta como documento inédito, desconociendo la versión previa que dio a conocer el 27 de febrero y el 6 de marzo emeequis en México; la investigadora Kate Doyle a través de The National Security Archive y el diario The New York Times. Se asume como única y final, la que se dio a conocer en la página de la PGR el sábado 18 de noviembre y, de paso, descalifica el trabajo que durante años vinieron realizando unos 20 investigadores a quienes, por cierto, la Femospp les adeuda salarios y liquidaciones.

Páginas: 1 2 3

Singular: 1 comentario en “Lo que se eliminó del informe oficial de la Guerra Sucia”

  1. Siempre admirè el valor de los participantes de estos movimientos. Sobre todo a las mujeres; sin embargo me da tristza ver como a consecuencia de esto esas mujeres dejaron descendencia sin valores, sin escrupulos. Autenticos delincuentes holgazanes buenos para nada. Me refiero a los hermanitos Navarro del Campo (Catarino y Juan)hijos de Aurora quienes torturaron psicologicamente, secuestraron, volvieron loca y despojaron de sus pertenencias a su abuela quièn lo ùnico que hizo fuè dar su vida por esos enjendros del demonio. Todo se paga cabrones y se paga en vida. No se confien, el demonio esta al acecho. ¡PNo lo olviden!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s