Para 1978 a los aparatos de represión les sobraba poder y hambre de violencia. Para entonces la Liga había entrado ya en su fase terminal, se fueron sobre los desprendimientos de guerrilla que comenzaron a darse.

Un caso que documenta este informe, novedoso para la historia, es la creación del Plan Secreto de Operaciones Silenciador. Según el reporte del entonces director de la DFS, Javier García Paniagua, hijo de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en octubre del 68, el Plan Silenciador tiene como objetivo aniquilar al grupo clandestino Unión del Pueblo, que operaba en Oaxaca, Guadalajara y el Distrito Federal.

Siguiendo del modelo de la Brigada Blanca diseñada por Miguel Nazar Haro para exterminar a la Liga, el comando ejecutor del Plan Silenciador estaría integrado por cuatro grupos antiterroristas.

Esta es su descripción: “Cada uno de los grupos se constituyó con diez elementos de la DFS, cinco de la Policía Judicial Federal Militar y diez por cada una de las zonas militares involucradas. Cada grupo estaría constituido por 25 elementos: en total 100 agentes…

“…Es un grupo distinto pero coordinado con la Brigada Blanca. Se les dio instrucciones de detener a los activistas de preferencia vivos para poderlos interrogar y obtener mayores informes de la organización, detectar militantes, simpatizantes y a sus dirigentes, para poder realizar nuevas detenciones… Se les dotó de una lista con el nombre de los principales prófugos de la UP; se les proporcionó los recursos financieros para cubrir todos los gastos económicos necesarios”.

Lo que quedaría de la UP, devendría después en el Partido Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), haciendo alianzas después con el autodenominado Partido de los Pobres (PdlP) y estos a su vez, son parte de los orígenes del Ejército Popular Revolucionario.

Esta es la lectura que presenta el informe del papel de la Brigada Especial. Cuando la Brigada no podía ubicar a los militantes que se encontraban en la clandestinidad, secuestraba a sus familias, en particular al padre o a la madre, en algunos casos eran detenidos todos los familiares cercanos, de sangre y políticos y los convertía en rehenes del Estado. Les robaban sus pertenencias –al igual que con los detenidos cuando se catean sus casas– que le quedaban a la policía como si fueran “botines de guerra”, con los que se justificaba el saqueo.

“Los detenidos eran vejados, torturados, chantajeados, amenazados, violados, robados, incluso unos mueren en medio del tormento. Cuando recuperaban su libertad, el daño moral, social, económico y sicológico estaba hecho ya para siempre. Ninguna autoridad se hacía responsable, a pesar de que se acudía a presentar denuncia, el sistema judicial ni siquiera aceptaba la querella. Impunidad total, dolor, resentimiento e impotencia. La justicia ha estado ausente”.

Al final, el documento deja algunas reflexiones: “A partir de 1975 las operaciones de contraguerrilla buscan no sólo desarticular a los grupos armados sino su exterminio. Los grupos rebeldes, bajo una visión del mundo colectiva, con normas de vida, estudio, propuesta político-ideológica, hábitos, moral y ética, lazos familiares y cultura claramente definidos, como grupo social, son combatidos con fuerza desproporcionada.

“A partir de ese momento, la Brigada Especial en particular, no intenta desarticularlos sino eliminarlos; los que caen en sus manos y son considerados como parte de la guerrilla dejan de ser puestos a disposición de autoridad judicial competente. Se les desaparece o los presentan como muertos en combate aun cuando hayan sido ejecutados extrajudicialmente.

“Ninguna autoridad judicial cuestiona la actuación de la policía y del ejército. El ejecutivo niega conocimiento de los casos, pero le otorga a la Brigada Especial total impunidad, apoyo económico y recompensas. La policía y ejército destinaron siete mil efectivos para realizar labores de investigación y detención de los militantes de la Liga”.

Publicado en el No. 05 de Emeequis (06 de marzo de 2006)