Ferrer MacGregor, un juez malévolo

Por Jacinto Rodríguez Munguía

El juez Eduardo Ferrer MacGregor fue el encargado de condenar a cientos de estudiantes durante 1968. Un hombre duro en la aplicación de las leyes en nombre del Estado, con lo que validó la versión de que el movimiento estudiantil pretendía derrocar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz mediante un plan internacional de subversión. Seis años después, en 1974, el mismo juez mostró debilidades y errores. No era tan duro ni inquebrantable, no al menos ante la corrupción y el narcotráfico. La correspondencia entre el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Euquerio Guerrero, y el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, así lo demuestra.

En la galería 2 de la excárcel de Lecumberri, donde el juez Eduardo Ferrer MacGregor condenó a decenas de estudiantes y luchadores sociales en 1968, hay un informe sobre este hombre. La fecha, 3 de mayo de 1974.

“…Respecto al tráfico de drogas, se han dado casos de personas a las que se les ha sorprendido  en el aeropuerto  tratando de introducir cocaína, resolviendo los procesos en dos meses, lo que normalmente tarda de siete a ocho meses, imponiendo sentencias de menos de cinco años de prisión, lo que permite a los delincuentes salir bajo fianza…”

En el documento, elaborado por la Secretaría de Gobernación a partir de los informes que le enviaban la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, se solicita se envíe  al juez Ferrer MacGegor a la ciudad de Oaxaca, “por las constantes quejas en su contra, por aspectos de deshonestidad”.  En respuesta, Moya Palencia sugiere que el cambio  se haga “con una forma política”, dado los antecedentes del juez Ferrer MacGregor, “fundamentalmente durante el llamado conflicto estudiantil  de 1968”.

Se desconoce cómo se resolvió  el caso. La documentación no aporta más información en sus tres cuartillas.

El documento, que se encuentra en la caja 3032 de la Galería 2 del Archivo General de la Nación, da cuenta del siguiente episodio:

En 1974, se informa al secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, que a partir del 15 de mayo Ferrer MacGregor, juez primero de Distrito del Distrito Federal, sería cambiado al juzgado de Distrito de Oaxaca.

La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumenta que se estaban realizando una serie de movimientos dentro del Poder Judicial, principalmente entre los jueces con malos antecedentes: “En el caso del licenciado  Ferrer MacGregor, habría constantes  quejas en su contra, por aspectos de deshonestidad”.

El C. secretario de Gobernación sugirió al C. presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debido a los antecedentes del juez Ferrer Mac Gregor, fundamentalmente del llamado Conflicto Estudiantil de 1968, que lo removiera, que lo removiera pero haciéndolo magistrado, como una forma política para que continuara fungiendo como juez. El Lic. Euquerio Guerrero prometió tratar este asunto en un pleno de la corte.

Sin embargo, en el Pleno Secreto no se aceptó el posible ascenso de Ferrer y, por el contrario se ratificó la decisión de removerlo a Oaxaca como juez de Distrito.

El documento señala que ante esta situación, Ferrer MacGregor buscó el apoyo del mismo Moya Palencia, a través del subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, “para suplicarle” que intercediera ante el presidente de la República –Luis Echeverría Álvarez– para que no fuera enviado a Oaxaca, y en caso de que se le quisiera remover como juez en Materia Penal, se le dejara en el Distrito Federal, bien como juez de Distrito en Materia Civil o en Materia Administrativa.

Explicó que solicitaba eso por razones de salud familiares, ya que sus hijos estaban estudiando en la universidad, además de que por haber manejado los procesos políticos de 1968, al alejarse de la Ciudad de México, podría sufrir agresiones  verbales o físicas.

El documento precisa:

Por otra parte, el C. procurador general  de la República se ha quejado de que el citado Juez Ferrer MacGregor, del que reconoce tuvo un trabajo exhaustivo por lo voluminoso de los expedientes que integraron los procesos penales derivados del llamado Conflicto Estudiantil de 1968, tiene un sobrino  y un amigo que actúan como “coyotes” en el juzgado a su cargo y resuelven asuntos mediante dinero.

Respecto al tráfico de drogas, se han dado caso de personas a las que se les ha sorprendido en el Aeropuerto tratando de introducir cocaína, resolviéndose sus procesos en menos de 2 meses, lo que normalmente tarda de 7 a 8 meses, imponiendo sentencias de menos de 5 años de prisión, lo que permite a los delincuentes salir bajo fianza, y por tratarse de extranjeros, se les expulsa del país, lo que significa que una persona, por ejemplo, que trae 5 kilos de cocaína, sólo permanecer dos meses en la cárcel.

(Esto) Tiene molestos tanto a la Procuraduría General de la República como a las autoridades norteamericanas, por lo que se puede afirmar que muchas suspensiones  y sentencias de fondo se dictan mediante dinero por los conductos especiales que él tiene.

Se agrega en el documento  que los licenciados Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República en 1968, y David Franco Rodríguez, también mediante Gutiérrez Barrios y “en forma respetuosa”, solicitaron a Moya Palencia que intercediera por el juez.

Aunque  precisan que aun cuando “han tenido conocimiento de que en varias ocasiones no ha obrado con la rectitud  que debiera, si se sienten con obligación moral de pedir que no sea trasladado a Oaxaca, invocando para ello el trabajo que con atingencia realizó durante diferentes procesos  de tipo político, principalmente los relacionados con el Movimiento Estudiantil de 1968”.

Hace poco, en el Sur de Acapulco, Arturo Martínez Nateras escribió que en los archivos del Cisen depositados en el AGN, encontró un documento en el cual  se reproducen las palabras que pronunció José Revueltas el 12 de noviembre de 1970, después de que el juez Ferrer MacGregor dictó sentencia dentro del penal  de Lecumberri contra 46 procesados  recluidos y 22 en libertad provisional  o bajo protesta.

Revueltas habló en nombre de todos:

“Aceptada la lectura de la sentencia, me dirijo a los actores y en especial a las autoridades judiciales; en nuestras sentencias impuestas por la dictadura del gobierno son el reflejo de la inconsciencia de los colaboradores judiciales en este falso proceso político; a ustedes, jueces que funcionan como tales y que tratan de castigarnos en nuestro físico, mas en nuestro espíritu, como sucedió el día 1 de enero del presente año, hubiera sido mejor mandarnos al paredón. Me dirijo a las autoridades judiciales y al presidente de la República, Díaz Ordaz, para decirles que seguiremos luchando con las armas en la mano (sic), y así mientras nuestros cerebros tengan vida continuaremos en la lucha sin importar que las penas sean de 20 o de 40 años; y si ahora ustedes están allí, con el tiempo habrá quien les juzgue, tal vez las generaciones futuras lo harán, o si no a sus hijos o a los hijos de sus hijos, o a los hijos de los hijos de sus hijos, lo que hago extensivo a todos los funcionarios judiciales.”

Publicado en la EDICIÓN ESPECIAL No. 11 de PROCESO (octubre de 2002)

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