Cuando la Corte solapó a la DFS

En abril de 1982 Miguel Nazar Haro fue detenido en Los Ángeles por encabezar presuntamente, una banda de robacoches, salió libre gracias a la intervención de la CIA, que de esta manera pagaba los servicios que le había proporcionado.

Por Jacinto Rodríguez Munguía

La nota parece extraviada en una de las páginas  interiores de Ovaciones del 27 de agosto de 1969: “La Suprema Corte Acepta la Existencia de la Dirección  Federal de Seguridad”. Y en el balazo: “Considera Anticonstitucional, pero…” El recorte de periódico se encuentra entre los miles de documentos del Archivo General de la Nación, los archivos secretos de una historia  que ha dejado de ser confidencial.

Tres fallos a distintas causas  con un ambiguo argumento que, al paso de los años, resulta sospechoso. “La Policía de la Dirección Federal de Seguridad carecen de atribuciones, constitucionalmente hablando, para realizar funciones de Policía Judicial, pero ello no significa que la Dirección en cuestión no sea una dependencia del Poder Ejecutivo”.

La nota de Ovaciones dio pie a la búsqueda del caso citado en los Archivos de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación. Ahí se encuentra la relatoría del caso implicado  y el fallo que se emitió en su contra, donde se dejaba intacta la integridad de la DFS.

Pero además se localizaron otros dos casos, donde dos presuntos delincuentes, que amén del delito cometido, acusan a la DFS de violentar sus derechos.

CASO ARNOLDO CASTILLA HAMELIOUS

El caso que cita la nota del periódico tiene que ver con el agente de la DFS Arnoldo Castilla Hamelious, quien en julio de 1969 fue detenido y condenado a cuatro años por el delito de fraude.

Haciéndose pasar por agente de dicha corporación (DFS), se trasladó a Matamoros para realizar, por su cuenta, una investigación tendiente a descubrir, según él, el robo de autos en Estados Unidos, que luego eran pasados a territorio mexicano.

El supuesto agente de la DFS, según la causa de la detención, obligó a comerciantes en fierro viejo para que aportaran cierta cantidad de dinero, a fin de no ser detenidos y trasladados a la capital.

El argumento de la SCJN para negarle el amparo fue que en el delito no había invasión de funciones, ni tampoco cohecho, puesto que el dinero que obtuvo el agente nada tenía que ver con las funciones que le eran propias, ya que no recibió ninguna orden para investigación alguna. Oficialmente, Arnoldo Castilla era mecanógrafo de la Secretaría de Gobernación, Comisionado en la Dirección General de Seguridad y no agente de la DFS.

El caso fue registrado con el número 23700425 de junio de 1969. En la publicación del caso de la SCJN y que obra en sus archivos, en el apartado II se indica que Arnoldo Castilla en su defensa, insistió en que se violaban sus garantías, ya que si la sala había  sostenido que la “Dirección Federal de Seguridad está al margen de la ley y que su funcionamiento es ilegal”, su nombramiento como agente tampoco podía tener validez legal, por lo que no existía motivo para fundar la competencia.

A pesar de que la SCJN en su veredicto niega reconocerlo como agente de la DFS, se contradice; párrafos adelante, al aceptar que en la detención Castilla se le habían recogido cuatro credenciales; “dos de ellas habían caducado, una lo identificaba como Inspector Oficial de las Vías Generales de Comunicación, otra como `Delegado M´ de la Dirección General (no Federal) de Seguridad de la Secretaría de Gobernación”.

Según la misma relatoría del caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había informado a la SCJN que Arnoldo Castilla se le había nombrado inspector oficial de la Dirección Federal de Seguridad y la Secretaría de Gobernación  aceptaba que “Hamelious había sido nombrado delegado M supernumerario, nombramiento que estaba en vigor en la época de los hechos”. Por su parte, la Dirección Federal de Seguridad había informado al juez que “la placa credencial número 240, sí había sido expedida a favor del citado Castilla Hamelious, pero la misma había dejado de tener vigencia al iniciarse el actual régimen gubernamental” (el de Díaz Ordaz).

El dictamen emitido por la Corte resume que, en efecto, a Castilla Hamelious no se le condenaba por haber ejecutado la conducta imputada en su carácter de agente de la Dirección Federal de Seguridad, sino porque teniendo un nombramiento como delegado M supernumerario de la Secretaría de Gobernación, engañó a los ofendidos diciéndoles que tenía órdenes de practicar una investigación.

“Por último, el hecho de que esta sala haya opinado que la Dirección Federal de Seguridad carece de atribuciones constitucionalmente hablando, para realizar funciones de Policía Judicial, no significa que la Dirección en cuestión no sea una dependencia del Poder Ejecutivo Federal”.

La decisión de negarle el amparo fue unánime: Cuatro votos en contra. El ponente de la tesis en este caso fue Abel Huitrón y Aguado, y respaldaron el veredicto los ministros Ernesto Aguilar Álvarez, Mario G. Rebolledo, Ezequiel Burriguete Farrera y el secretario Luis E. MacGregor, el mismo MacGregor que se encargó de condenar a cientos de estudiantes en 1968.

De acuerdo con las reglas no escritas de la DFS, seguramente Arnoldo Castilla había cometido el grave error de dejarse descubrir, de poner en riesgo la fama de la DFS al ser denunciado y eso, en las reglas de los aparatos de inteligencia, obligaba a dejarlo a su suerte.

En ese mundo los errores se pagaban  con el abandono. Por eso la DFS no lo reconocería, pues eso implicaba dar señales de debilidad al resto de los agentes. Algo que ni Fernando Gutiérrez Barrios ni Miguel Nazar Haro estaban dispuesto a aceptar.

Por cierto, ese año, la DFS estaba a cargo de Miguel Nazar Haro, quien en abril de 1982 fue detenido en Los Ángeles, por encabezar, presuntamente, una banda de robacoches, salió libre gracias a la intervención de la CIA, que de esta manera pagaba los servicios que le había proporcionado durante años Nazar Haro.

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